Denuncian más de 7,300 delitos sexuales en últimos 15 meses

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Santo Domingo
Agravantes. Las penas son más altas cuando la víctima ha sido un niño, niña o adolescente, cuando hay amenaza con un arma de fuego, por la participación de dos o más personas, por ser cometido por ascendiente de la víctima, por una persona que tiene autoridad sobre ella o que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones.

Agravantes. Las penas son más altas cuando la víctima ha sido un niño, niña o adolescente, cuando hay amenaza con un arma de fuego, por la participación de dos o más personas, por ser cometido por ascendiente de la víctima, por una persona que tiene autoridad sobre ella o que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones.

Durante un año y tres meses, las unidades de atención de la Procuraduría General de la República recibieron 7,342 denuncias sobre delitos sexuales, una problemática que se incrementa en el país, registrando un promedio de 490 por mes.

En el 2017, las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría fueron apoderadas de 5,808 denuncias sobre ese tipo de infracciones.

Mientras, en los tres primeros meses del 2018 recibieron 1,541, según muestran las estadísticas que tiene disponible la Procuraduría en su página web.

De los 7,342 casos registrados desde enero del 2017 a marzo del 2018, un total de 2,383 corresponden a seducción de menores; 2,149 a agresión sexual; 1,525 a violación sexual; 550 a acoso sexual; 474 a incesto y 268 a exhibicionismo.

El 26 de marzo del 2018, Listín Diario publicó que  3,461  personas guardan prisión en las cárceles del país por delitos de violación y agresiones sexuales, en base a un informe de la Dirección General de Prisiones, hasta el 19 de enero de 2018.

Esa cantidad de privados de libertad por esas infracciones equivale al 13 por ciento de la población penitenciaria en las 41 cárceles del país, que a la fecha del reporte ascendía a 26,889.

El más reciente caso de denuncia de delitos sexuales que ha trascendido a la opinión pública implica a un funcionario diplomático, que está acusado de incesto contra una hijastra, de 14 años.

El procurador Jean Alain Rodríguez informó el miércoles que solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para gestionar ante esa jurisdicción privilegiada diversas acciones procesales.

Las autoridades de la Procuraduría han omitido el nombre del funcionario, para proteger la identidad de la víctima, en virtud de lo dispuesto en la Ley 136-03, que instituye el Sistema de Protección y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

El artículo 12 de esa ley o Código del Menor contempla el derecho a la integridad personal, estableciendo que “comprende el respeto a la dignidad, la inviolabilidad de la integridad física, síquica, moral y sexual, incluyendo la preservación de su imagen, identidad, autonomía de valores, ideas, creencias, espacio y objetos personales”.

Otro  caso reciente de sometimiento por incesto  fue reportado el miércoles 2 de mayo, en el sector Los Arroyos, El Verde, Bonao,  donde fue sometido a la justicia un hombre acusado de embarazar a su hija, de 17 años.

Pero las denuncias de  delitos sexuales no solo se limitan a menores, sino también contra mujeres, incluyendo a envejecientes.

Por ejemplo, Listín Diario reseñó en julio del 2017 que un hombre de 33 años fue acusado de violar sexualmente a una anciana, de 90, en San Juan de la Maguana.

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SANCIONES LEGALES

La agresión sexual está definida en el Código Penal dominicano como toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa y engaño. En cambio, la legislación indica que constituye violación sexual todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza, cometida contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa. Mientras, se configura el delito de incesto, según el Código Penal, cuando el acto de naturaleza sexual se realiza por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento contra un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer grado. El Código Penal contempla penas de entre 10 a 20 años de prisión para los acusados de delitos sexuales. Reserva la pena máxima cuando el delito ha sido cometido en perjuicio de una persona vulnerable en razón de su estado de gravidez, invalidez o de una discapacidad física o mental.

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